Saturday, December 21, 2013

Riesgo del Derecho a la integridad física y Derecho a la vida de la menor de 16 y 17 años en el Anteproyecto de Ley de Protección a la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.


Violencia familiar estructural. Nota urgente. Riesgos para el Derecho a la integridad física y a la vida de menores de 16 y 17 años, derivados del Anteproyecto de Ley de Protección a la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada

Mi reflexión incumbe al Anteproyecto de Ley de Protección a la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada en punto a la eliminación de lo introducido por ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en 2010 (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo); esto es, que las menores de 16 y 17 años no necesitaran el permiso de sus padres o tutores para interrumpir su embarazo (art. 13.4º in fine: “Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.”)


El Anteproyecto de Ley de Protección a la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada ha debido ciertamente ‘tranquilizar’ a determinados sectores ‘inquietados’ ante aquella ‘extraordinaria permisividad’. A mí, sin embargo, me traslada una preocupación enorme, porque a lo sumo hubiera bastado con idear otro mecanismo -cualquier mecanismo, al menos- de garantía y protección frente a la violencia familiar estructural, alternativo a la anterior respuesta legal, donde era esa situación -la violencia familiar estructural- la que se trataba de paliar y no tanto, en realidad, la regulación del aborto entre menores de 16 y 17 años.
Para apreciar el panorama de serio riesgo del Derecho a la integridad física y Derecho a la vida de menores de 16 y 17 años a que abre el Anteproyecto de Ley de Protección a la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, conveniente precisar:

1) De los 118.359 abortos registrados en España en 2011, de acuerdo a cifras del Ministerio de Sanidad, el 90% de ellos se practicó antes de las primeras 14 semanas. El índice estadístico no modifica el número de los producidos con la legislación anterior, es decir, la de sistema de supuestos, que rigió entre 1985 y 2010.

2) Del conjunto de abortos registrados en España en 2011 y siempre según datos facilitados por el del Ministerio de Sanidad, 14.586 correspondieron a menores de 20 años, es decir el 12% del total.

3) En este 12 % total y en la franja de menores de 16 y 17 años fueron el 10% los abortos practicados sin informar a su familia, es decir, aproximadamente 1500 en dicho grupo de menores de edad.

4) El Anteproyecto plantea que para considerar el consentimiento de las menores de edad como "informado y libre" dentro siempre y exclusivamente en los muy restringidos supuestos en que la ley les permite abortar, será obligatoria "la participación de los titulares de la patria potestad", ya sean padres o tutores.

5) El Anteproyecto, por tanto, elude radicalmente una solución legal al conflicto (social) de la menor con su familia, que conforme a la información suministrada por el Ministerio de Sanidad, alcanzaría a 1500 interrupciones de embarazos no deseados, como se ha visto más arriba.

6) La anomia a que se conduce el Anteproyecto a este 10 % del total de los practicados a menores de 20 años en los que no hubo información a la familia de éstas puede provocar el mantenimiento de contextos derivados de un ambiente familiar violento (padre/madre/hermanos/hermanas/otros familiares/tutores), donde la menor que incluso antes acudía a la interrupción del embarazo no deseado por temor extremo a la familia se vea ahora abocada a enfrentarlo, sin que quepa alejar la posibilidad de que así soporte en condiciones de serio riesgo un plus de grave peligro para su Derecho a la integridad física y su Derecho a la vida además, evidentemente, también de los del feto.

7) Si, en mi opinión, el Estado no debería decidir ideológicamente en materia de aborto, aquí el Estado no obstante sí, y de modo ineludible, debe decidir, siquiera por respeto a la más elemental ideología del sistema jurídico y por coherencia con el valor de Protección a la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, en especial de menor edad. De lo contrario, habrá de asumir -aparte un grado de incongruencia no poco relevante- asimismo lo correspondiente en orden a la responsabilidad civil y penal por los eventuales daños irrogados a esas menores de edad en situaciones de extrema vulnerabilidad.

8) Si mi opinión es únicamente la de un Profesor Universitario, que imparte Filosofía del Derecho, creo que la del Fiscal de Menores tal vez tenga más autoridad. Al menos sí es cierto que tiene, por responsabilidad institucional y deber de intervención, motivos para pronunciarse.

J.C.G.

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