Wednesday, March 17, 2010

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL



El Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, me hace llegar esta interesante reseña jurisprudencial, que merced a su gentileza puede desde aquí ser más ampliamente compartida.

RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES PRÓXIMOS A UN ÁREA CONTAMINADA

El TJUE ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-378/08, C-379/08 y C-380/08, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA y Syndial SpA .c Ministero dello Sviluppo economico y otros y ENI SpA c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare y otros. La Rada de Augusta, situada en la región de Priolo Gargallo (Sicilia), se ve afectada por fenómenos recurrentes de contaminación medioambiental cuyo origen se remonta a los años 60, cuando el polo de Augusta-Priolo-Melilli fue creado como polo petrolífero. Desde entonces, numerosas empresas activas en el sector de los hidrocarburos y la petroquímica se han instalado y sucedido en dicha región. Mediante diferentes decisiones sucesivas, las autoridades administrativas italianas impusieron a las empresas limítrofes con la Rada de Augusta la obligación de reparar la contaminación comprobada en la región de Priolo, declarada «sitio de interés nacional a los efectos de "saneamiento"». Las empresas demandantes, han presentado recursos contra dichas decisiones administrativas ante los tribunales italianos. El Tribunal de lo contencioso-administrativo regional de Sicilia, que debe decidir en los referidos asuntos, ha planteado al TJUE varias cuestiones relativas a la aplicación del principio de "quien contamina paga". La Directiva 35/2004 sobre responsabilidad medioambiental, establece que el operador cuya actividad haya causado un daño medioambiental o un riesgo inminente de que se produzca tal daño sea considerado responsable. De este modo, dicho operador debe adoptar las medidas reparadoras necesarias y asumir las cargas económicas. En su sentencia, el TJCE concluye que la Directiva sobre responsabilidad medioambiental no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente presumir la existencia de un nexo causal entre los operadores y una contaminación comprobada y, ello, por razón de la proximidad de sus instalaciones al área contaminada. Asimismo, el TJUE considera que la Directiva sobre responsabilidad medioambiental no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente supeditar el ejercicio, por parte de los operadores, del derecho a utilizar sus tierras a la condición de que ejecuten los trabajos que éstas exijan y ello aunque los referidos terrenos no estén afectados por esas medidas al haber sido objeto de medidas de «saneamiento» anteriores o no haber sido jamás contaminados.

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