Monday, August 28, 2006

De la verdad y de la verdad judicial, por César Hornero Méndez

El pasado 31 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia absolviendo a los cuatro acusados en el conocido como caso Ollero. Habían sido ya condenados por la misma Audiencia Provincial en 1999, por diversos delitos (cohecho y tráfico de influencias, entre otros), todos ellos relacionados con el supuesto pago de comisiones ilegales para la adjudicación de la construcción de un tramo de carretera entre Málaga y Granada. Ha sido, por tanto, la segunda vez en la que el tribunal sevillano ha tenido que pronunciarse sobre este asunto que se remonta nada más y nada menos que a 1992. Esta segunda resolución tiene su origen inmediato en la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de octubre de 2003 en la que, tras declarar inconstitucionales las escuchas telefónicas realizadas a los acusados, se ordenaba la remisión del caso a la Audiencia Provincial. La consecuencia ha sido la absolución del entonces director general de carreteras de la Junta de Andalucía, su hermano y dos directivos de la empresa constructora implicada.
En la sentencia –en la que se reconoce que algunos extremos del caso pueden extrañar y rechinar "al ciudadano medio"–, la absolución se fundamenta en dos razones: primero, en que la prueba de cargo se basaba en las escuchas telefónicas declaradas ilegales por el TC; y segundo, en que se sustentase también dicha prueba en las declaraciones realizadas en el sumario por los acusados, declaraciones no corroboradas posteriormente por ellos mismos en el juicio al acogerse a su derecho a no declarar. Con estos "mimbres probatorios", concluye el tribunal, "no han quedado probados los hechos que constituían el sustento fáctico de la acusación".
Esta resolución judicial, además de a algunas evocaciones de nuestro pasado inmediato, una parte de éste desde luego no muy edificante, ha dado lugar a las lógicas reacciones de satisfacción mostradas por algunos de los acusados y sus letrados defensores. Entre ellas, en general poco originales, ha abundado la invocación al triunfo del Estado de Derecho y a la confianza final en la Justicia. Pura palabrería de circunstancias, si exceptuamos las manifestaciones de uno de dichos abogados, un brillante y conocido penalista sevillano, sin duda el más pertinaz de todos ellos, artífice del recurso ante el Tribunal Constitucional desencadenante de la nueva resolución: "No se puede alcanzar la verdad a cualquier precio", ha dicho. Esta única y rotunda frase, en la que alude al que califica como "tortuoso camino de pruebas ilegales", lo que en su opinión ha caracterizado a este proceso, nos ofrece uno de los perfiles más interesantes de esta sentencia. Y es que la afirmación no tiene desperdicio. Nos permite, de un lado, descubrir la relación y la diferencia que puede existir entre la verdad y la llamada verdad judicial o procesal, para entendernos, la verdad que se establece en un proceso judicial, la verdad que se extrae de los hechos que deben probarse en éste. Estas dos verdades pueden no coincidir. A muchos sorprenderá que se hable de dos verdades, como si la verdad no fuese única, o como si pudiese graduarse o clasificarse. Precisamente en relación con esto último, la manifestación del letrado hace posible, de otro lado, el estupor de muchos, que pensarán que la verdad es la verdad y que siempre ha de imponerse, sea donde sea, incluso en un proceso judicial. Esta sentencia nos demuestra que la evidencia de los hechos puede no ser bastante. En este caso, por ejemplo, no ha sido suficiente que el hermano de quien era director general de carreteras de la Junta de Andalucía fuese sorprendido con un maletín con veintidós millones de pesetas o que la empresa implicada guardase extrañamente en su sede grandes cantidades de dinero en metálico para pagos ordinarios.
La verdad en el proceso no puede alcanzarse de cualquier modo y lo que puede ser suficiente en otros ámbitos no lo es en éste. El coste, el precio de la verdad judicial quizá lo constituya el propio proceso. Es bueno que así sea. La aspiración del proceso judicial debe ser, como ha señalado Taruffo, obtener decisiones verdaderas y justas; esto es, decisiones basadas en la verdad, que hagan posible la realización de justicia. Lo que cuesta entender es que sean justas decisiones en las que la verdad parece estar ahí pero no se alcanza. Y es que las reglas del proceso, las reglas que deben servir para determinar la verdad, pueden llegar a ser igual de importantes, si no más, que la propia verdad.
Pero una sentencia como ésta nos deja también el regusto de las oportunidades perdidas, de tantas ocasiones desperdiciadas en nuestra historia política reciente. El caso Ollero y por desgracia otros muchos más fueron también, paradójicamente, una oportunidad para progresar, para construir en nuestro país una cultura pública decente, esa en la que, como destaca últimamente Michael P. Lynch, la verdad sigue teniendo mucha importancia. Y sobre todo esa en la que no todo está confiado al Derecho y a los jueces y en la que la moral y la ética desenvuelven un papel fundamental.
Publicado en el diario Málaga Hoy (Málaga), ed. de 28 de agosto de 2006, p. 5
(César Hornero Méndez es Dr. en Derecho y Profesor Asociado del Departamento de Derecho Privado. Área de Derecho Civil. Universidad Pablo de Olavide)

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