Friday, April 21, 2006

Justicia de la Memoria

 
 

Lluís Rigat (1814-1894) Recuerdo desde la muralla del mar (1867)
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona
 

El inconsútil anhelo de la Humanidad presenta al Tiempo como forma perfecta de justicia distributiva; el Tiempo acaba poniendo las cosas en su lugar, reubicándolas con justeza. Pero yo, que soy algo más escéptico en todo lo que se refiere a asuntos de justicia humana, por otra parte la única Justicia que naturalmente –como hombres y entre iguales- nos compete, me inclino por concebir al Tiempo respecto de esa fiada manera de hacer Justicia, antes que a modo de gran redistribuidor, como una especie enorme forceps que separa las cosas, que abre espacio entre ellas y hace luz en su interior, permitiendo adoptar una posición de distancia desde la que, discriminando lo que en el vértigo del tiempo de a diario difícilmente es posible, venir al cabo a “dar a cada uno lo que es suyo”.
Sin embargo, a veces el tiempo es también impuntual, moroso y no logra traer a tiempo, en el momento oportuno, cuando aún no es tarde, ese ansiado día de Justicia. Ante un retardatario y perezoso “andando el tiempo”, de paso tan flemático y premioso, se termina por desesperar. En particular, ese tiempo de ritmo infinitamente lánguido y parsimonioso conspira fatalmente contra la justicia moral y legal de la memoria. Porque, en efecto, la memoria es materia de tiempo, y al final “el tiempo –como decía Virgilio- se lo lleva todo, incluso la memoria”.
El Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE, PP, CiU y CC-NC, rechazó a finales de febrero pasado dos proposiciones de ley de ERC e IU-ICV para recuperación de la Memoria Histórica, comprometiéndose allí el Gobierno a la tramitación parlamentaria durante el actual periodo de sesiones de una Ley por la Recuperación de la Memoria Histórica. Asimismo, según éste aseguró, la promoverá con el mayor grado posible de consenso. No obstante, dentro y desde fuera del Parlamento se han suscitado ya diversas reacciones discrepantes; así, en lo fundamental, acerca de su oportunidad, pues ahora vendría a malbaratar el patrimonio político acumulado en la ejemplar transición que cerró el franquismo y abrió la vía de entrada a la Democracia, y se habla de nueva cesura en el corazón de los españoles, de fracaso constitucional, incluso de vuelta al espíritu de revancha, de cainismo nacional. Todo esto, desde luego, exige algunas puntualizaciones, que podría ordenar como sigue:
La transición resultó de la reforma política y no, en efecto, de la ruptura. No se hizo de las urnas, por tanto, instrumento para hurgar en las viejas heridas de la guerra civil ni en las muchas aún sangrantes de la dictadura. En la sociedad española se instaló desde entonces algo semejante a lo que en la población de Atenas el verano del 403 a. C. se conoció como “ley del olvido”; esto es, que «Por las cosas pasadas nadie podría vengarse de nadie, excepto de los Treinta, de los Diez, de los Once, y de los que mandaron en el Pireo; y ni de éstos si rendían cuentas» (Aristóteles, Constitución de los Atenienses 39,6; Jenofonte, Helénicas II, 4, 38). He escrito “semejante”, no igual; porque tal renuncia sin rendición de cuentas, desnuda de todo “responsabilismo”, ciertamente terminó en equivalente a impunidad. Han transcurrido ya más de 25 años: los términos del dilema son ahora no si mantener o enmendar aquella situación, sino si es necesario recuperar la memoria o seguir ignorando el pasado. Yo me inclino por la justicia de la memoria. Mis motivos son éstos:
Ella concierne a una exigencia de calidad democrática, pues en la recuperación de la memoria histórica andan comprometidos derechos humanos básicos, y ante todo el deber de restituir dignidad a las víctimas. Ellas han de resultar merecedoras de especial atención en una sociedad que de verdad se pretenda libre y justa. Ignorarlas, restarles importancia, impedir u obstruir acciones que conduzcan a rehacer su buen nombre, consolar y reparar a sus familiares forjará una sociedad política sobre bases democráticas débiles. No hay Democracia de calidad sin profundo respeto por las personas. Abandonar las víctimas a la desmemoria significa irrespetarlas.
Porque ese comprometimiento comporta, además, una exigencia moral y legal, derivada en la necesidad ética y jurídica de reconocer y garantizar el derecho de las víctimas a obtener público reconocimiento de que el crimen perpetrado o castigo recibido fue ilegal, además de inmoral, y porque un proceso de recuperación de la memoria histórica ofrece valiosa oportunidad para la educación cívica, y no sólo a fin de prevenir la repetición ignominiosa de la historia, sino también en disipar cualquier tentación de afrenta al Estado de derecho como la que luego posibilitó la terrible política de burdo autoritarismo, miedo y represión
Pero toda efectiva reparación histórica implica y exige, por último, previsión técnico-jurídica adecuada en respuesta concreta a la satisfacción de derechos y legítimas expectativas por parte familiares más cercanos y descendientes de las víctimas. Por ejemplo, en la vía de acceso al reexamen de expedientes gubernativos de fallecimiento por ausencia legal, en el efectivo reconocimiento de derechos prestacionales de viudedad y orfandad acumulados, o en facilitar la reclamación si fuera caso de alguna eventual responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de ciertos cuerpos funcionariales o, más en general, a razón del irregular funcionamiento de su aparato administrativo.
Lo demás, me parece a mí, será o quedar muy por debajo de la memoria recuperada, sólo procurando trabajo a canteros e instaladores de placas, o excederla en una idea de justicia de memorial que en la práctica mucho recordaría al concepto teológico de culpa y retribución.
 
José Calvo González
Prof. de Teoría y Filosofía del Derecho. UMA

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